La Argentina enfrenta un desafío significativo en su economía, marcado por la repetición de un patrón que limita el crecimiento: cada nuevo gobierno busca deshacer las políticas de su predecesor. Esta dinámica de ciclos de apertura y cierre, que se intensifica con cada elección, genera un alto riesgo regulatorio que desalienta la inversión a largo plazo.
Las recientes reformas de apertura, que incluyen la desregulación de mercados y la eliminación de controles de cambio, se encuentran en la misma encrucijada. Anteriormente, reformas similares fueron revertidas, como las de la convertibilidad tras 2002 y las implementadas entre 2015 y 2019 que fueron desmanteladas entre 2019 y 2023. La pregunta crucial es cómo asegurar la permanencia de estas reformas ante la posibilidad de un cambio en el gobierno.
En el contexto actual, se sugiere que el modelo de precompromiso utilizado en 1983 para proteger los derechos humanos podría ser replicado para asegurar la apertura económica. La ratificación de tratados internacionales bajo la presidencia de Alfonsín, junto con la reforma constitucional de 1994, estableció un marco que ha sido difícil de desmantelar por gobiernos posteriores. Este enfoque podría ofrecer una solución viable para garantizar que las nuevas reformas económicas no sean revertidas de manera sencilla.