La administración del presidente Donald Trump ha lanzado una ofensiva para "desmantelar" la Corte Penal Internacional (CPI), según lo anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio. Esta estrategia incluye sanciones y restricciones migratorias, así como presión sobre aliados de Estados Unidos para aislar al tribunal, lo que podría tensar aún más el sistema multilateral establecido después de la Segunda Guerra Mundial.
Rubio afirmó que la CPI representa una "amenaza intolerable para la soberanía estadounidense", y argumentó que el organismo actúa como un "árbitro global sin rendición de cuentas". En una columna de opinión, el secretario indicó que Estados Unidos se unirá a sus aliados para desmantelar la institución gradualmente.
El plan busca limitar la capacidad de la CPI a través de diversas medidas, que incluyen la prohibición de entrada a Estados Unidos para funcionarios del tribunal y un endurecimiento de las sanciones contra sus integrantes. Además, se prevé una campaña diplomática para convencer a otros países de dejar de apoyar a la CPI.
Se advierte que aquellos países que continúen respaldando a la CPI podrían enfrentar un mayor escrutinio por parte de Washington, lo que podría afectar su asistencia política, económica o militar de Estados Unidos. Esta ofensiva representa un nuevo golpe al sistema internacional que regula los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.