Un grupo de 12 personas de la comunidad mapuche Campo Maripe bloqueó el acceso a una cantera en la zona rural de Añelo el 24 de enero de 2026. Durante la intervención, los manifestantes amenazaron a los trabajadores con dañar e incendiar sus vehículos. La fiscalía de Delitos Económicos presentó cargos por turbación de la posesión, con el apoyo de la jueza de Garantías Carina Álvarez, quien estableció un plazo de cuatro meses para la investigación y medidas de coerción para los imputados.
La acusación, liderada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, detalló que la ocupación del terreno se extendió hasta el 5 de marzo, impidiendo de forma sistemática el acceso al propietario, un empresario llamado Acuña. Esto generó un perjuicio económico significativo al impedir la explotación de la cantera durante más de un mes. La fiscalía presentó una variedad de evidencias, incluyendo denuncias y grabaciones, para sustentar su caso.
A pesar de que la audiencia se inició un día antes, la resolución se conoció posteriormente debido a un pedido de recusación de la defensa. La jueza decidió no considerar el agravante relacionado con la participación de menores, considerándolo incidental. Las medidas de coerción fueron aprobadas, y los imputados deberán abstenerse de realizar ciertas acciones durante el proceso.