El Gobierno argentino, a través del canciller Pablo Quirno, ha establecido una meta clara para detener la posible extracción de hidrocarburos en las Malvinas. Este plan se basa en la implementación de sanciones más severas, gestión diplomática y un refuerzo de la presencia estatal en el Atlántico Sur, argumentando que dichas actividades violan resoluciones de las Naciones Unidas.
Quirno resaltó la urgencia de la situación, ya que las actividades de extracción podrían comenzar en los próximos meses. La decisión de las petroleras Navitas y RockHopper de invertir fue el detonante que llevó a la Cancillería a enviar notas de protesta tanto a las empresas como a los embajadores del Reino Unido e Israel.
Un cambio significativo en la estrategia del Gobierno es la modificación de la ley 26.659, sancionada en 2011, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Quirno explicó que la normativa anterior resultaba insuficiente, ya que las sanciones no representaban un costo significativo para las empresas que operaban en las islas.
Con el actual contexto energético, donde Vaca Muerta atrae inversiones, el Gobierno busca que las sanciones se extiendan a toda la estructura que permite la extracción de recursos en Malvinas. Esto incluiría a servicios petroleros, financieros y de seguros, quienes deberán elegir entre operar en Argentina o vincularse con licencias consideradas ilegales en un territorio en disputa. La Cancillería será la encargada de gestionar estos expedientes y aplicar las nuevas sanciones.