Un intento de desalojo de comunidades mapuches en un área cercana a Villa La Angostura ha generado tensiones políticas y judiciales. La acción, programada para el 30 de marzo, no pudo llevarse a cabo debido a la falta de apoyo policial, según el representante legal de la propietaria, María Cristina Broers.
La disputa se centra en un terreno de 625 hectáreas, donde las comunidades Melo y Quintriqueo sostienen que han estado asentadas desde antes de que la familia Broers adquiriera las tierras en los años 70. La situación se intensificó con la emisión de una orden de desalojo por parte del juez civil Francisco Astoul Bonorino, confirmada por instancias superiores del sistema judicial.
El abogado de Broers, Guillermo Hensel, expresó su descontento por la falta de respaldo policial, lo que llevó a la cancelación del desalojo. Este conflicto ha captado la atención de medios en Buenos Aires, destacando su importancia en el panorama político.