Un intento de desalojo de comunidades mapuches en un área cercana a Villa La Angostura se complicó, generando tensiones políticas y judiciales en las últimas semanas. La acción, programada para el 30 de marzo, fue frustrada debido a la falta de apoyo policial, según afirmó el representante legal de la propietaria, María Cristina Broers.
El conflicto se origina en un predio de 625 hectáreas, donde las comunidades Melo y Quintriqueo afirman haber estado asentadas desde antes de que la familia Broers adquiriera las tierras en los años 70. La disputa se intensificó cuando el juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, emitió una orden de desalojo que fue confirmada por instancias superiores del sistema judicial.
El abogado de Broers, Guillermo Hensel, criticó la falta de respaldo policial durante la operación, lo que llevó a la cancelación del desalojo. Este conflicto ha llamado la atención incluso en medios de Buenos Aires, reflejando la magnitud de la disputa y su relevancia en el ámbito político.