La comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial aprobó un despacho favorable para un proyecto que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para los diplomáticos provinciales. Este sistema busca garantizar el control periódico de las condiciones de los legisladores en el ejercicio de sus funciones públicas.
Durante el análisis, se presentaron dos propuestas, una de la vicepresidenta primera, Zulma Reina, y otra del diputado Claudio Domínguez. Finalmente, el texto de Domínguez fue el elegido, incorporando aportes de diferentes bloques. La aprobación se logró con el apoyo de varias fuerzas políticas, mientras que el único voto en contra fue del diputado César Parra.
La reglamentación, que afectará a los 35 diputados provinciales, requiere una ratificación formal mediante una resolución de Cámara. Se estipula que cada legislador deberá realizar un examen cada dos meses, con tomas de muestras antes de las sesiones y reuniones de comisión.
Además, se acordó que la cobertura de los exámenes abarque todo el año, incluyendo sesiones extraordinarias. La coordinación de los testeos será responsabilidad del área de Medicina Laboral de la Legislatura, mientras que la Secretaría de Cámara proporcionará el soporte administrativo necesario para asegurar la transparencia del proceso.