Los sectores más vulnerables de Neuquén enfrentan un grave problema debido al retraso en el pago de programas sociales por parte del gobierno de Figueroa. Este retraso, que supera los dos meses, afecta a pacientes y usuarios de diversos servicios sociales en la provincia, quienes dependen de la evaluación socioasistencial realizada por trabajadores sociales de organismos públicos.
Desde el inicio de la gestión de Figueroa, se ha evidenciado una creciente desorganización y demoras en la entrega de asistencia social, bajo el pretexto de auditorías y controles. Sin embargo, en los últimos cinco meses, esta situación se ha vuelto insostenible, desalentando a los usuarios a solicitar ayuda y restringiendo su acceso a los recursos. Las auditorías, lejos de ser efectivas, se perciben como una estrategia demagógica que ataca los derechos de los trabajadores y afecta particularmente a las organizaciones piqueteras.
Los beneficiarios de estos programas son personas que enfrentan múltiples dificultades, entre ellas violencia de género, discapacidad, y problemas de salud mental, lo que complica aún más su situación. La falta de transparencia en la gestión y el acceso a información sobre los aportes económicos agrava la crisis de quienes más lo necesitan.