La reciente guerra ha llevado a un aumento en las detenciones dentro de Irán, donde miles de personas han sido acusadas de tener vínculos con el enemigo. Según la Policía Nacional iraní, más de 6.500 personas fueron arrestadas, y 38 presos políticos fueron ejecutados durante este periodo, de acuerdo con la Organización de Derechos Humanos de Irán.
A pesar de la finalización del conflicto, los ciudadanos continúan enfrentando restricciones severas en el acceso a internet, que se mantuvieron por 87 días y que aún persisten en parte. Este contexto ha generado un debate sobre el impacto de la guerra en la legitimidad del régimen, ya que ha permitido al gobierno ampliar su control y reducir los costos políticos de la represión.
Antes del estallido del conflicto, los principales temas de discusión en la sociedad iraní incluían la inflación, la corrupción y el desempleo, problemas que no se han resuelto con la guerra, sino que han quedado relegados en el debate público. La tensión social, evidenciada en las protestas de enero de 2026, revela que el descontento persiste entre amplios sectores de la población, pese a la situación bélica.