El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado una campaña diplomática destinada a desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI). Este lunes, el secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó que la estrategia busca presionar a los aliados de Washington para que se retiren del tribunal, alegando que este interfiere en asuntos internos del país.
Rubio declaró que la CPI representa una "amenaza intolerable" para la soberanía estadounidense, afirmando que se arroga la autoridad para procesar a militares y funcionarios de EE.UU. que actúan en defensa de los intereses nacionales. La nueva estrategia del Departamento de Estado incluye limitar la entrada de personal del tribunal a territorio estadounidense y aumentar las sanciones financieras contra sus miembros.
La presión se centrará en los países aliados, especialmente aquellos que reciben protección militar de EE.UU., con el objetivo de que rechacen las decisiones de la CPI. La Administración de Trump convocará a embajadores y representantes extranjeros para discutir las irregularidades del tribunal y promover su salida.
Además, la Casa Blanca implementará una supervisión más estricta sobre las naciones que reciben ayuda financiera o cooperación de Estados Unidos, pero que no desconozcan la competencia del tribunal internacional. Rubio criticó al organismo, afirmando que busca convertirse en "un árbitro global sin rendición de cuentas".