Amnistía Internacional ha presentado un nuevo informe que expone cómo el espionaje a activistas, periodistas y políticos en España, realizado entre 2017 y 2020, sigue sin ser investigado adecuadamente. La organización denuncia que la Fiscalía General del Estado ha obstaculizado las investigaciones durante seis años, mostrando inacción y revictimización de las personas afectadas.
Las víctimas expresan su angustia y desamparo ante la falta de respuestas sobre el uso indebido de sus datos. Este tipo de vigilancia, que utiliza herramientas como Pegasus, viola derechos fundamentales como el de la privacidad, la libertad de expresión, la asociación y el acceso a la tutela judicial efectiva.
Amnistía Internacional exige que la Fiscalía apoye las diligencias necesarias para identificar a los responsables de estos actos y solicita a las autoridades españolas que prohíban el uso de estas tecnologías de espionaje. Además, se pide una reforma de la Ley de Secretos Oficiales y de las normativas del CNI para facilitar la investigación de posibles violaciones de derechos humanos.
La organización también insta a colaborar con los requerimientos de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa para abordar esta problemática de manera efectiva.