Las organizaciones de derechos humanos Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN) y Alianza de Contribuyentes Contra el Genocidio (TAAG) han interpuesto una demanda contra el Gobierno de Donald Trump debido a las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional (CPI). Este recurso legal sostiene que las medidas punitivas violan los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses y obstaculizan su labor en defensa de los derechos humanos.
La demanda se centra en una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero de 2025, la cual fue emitida tras las órdenes de arresto dictadas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Esta disposición ha llevado a sanciones contra funcionarios del tribunal que investiguen a EE.UU. o a aliados, afectando también a quienes colaboren con estas investigaciones.
Las acciones de la Casa Blanca han incluido sanciones a fiscales, jueces y organizaciones palestinas que proporcionan pruebas, así como a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. Según las organizaciones demandantes, estas prohibiciones limitan la libertad de expresión y la libre asociación de los ciudadanos estadounidenses al impedirles comunicarse con la CPI y trabajar con las partes sancionadas.
Se alega que el Ejecutivo ha violado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, que prohíbe el uso de sanciones presidenciales para restringir el flujo de información o materiales informativos de carácter personal.