Estados Unidos ha intensificado su presión sobre la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, donde solo 125 de los 193 países miembros de la ONU están representados. Recientemente, el ministro de Exteriores estadounidense, Marco Rubio, amenazó con derribar la Corte "ladrillo a ladrillo", lo que ha generado preocupación entre expertos en derecho internacional.
En un comunicado, el Departamento de Estado de EE. UU. mencionó diversas medidas que podrían implementarse, incluyendo prohibiciones de entrada a empleados de la CPI y el endurecimiento de sanciones contra la Corte y sus organizaciones asociadas. Además, se contempla un mayor escrutinio de naciones que no rechazan la autoridad de la CPI mientras se benefician de la ayuda estadounidense.
Andreas Schüller, codirector del programa de Delitos Internacionales y Responsabilidad Jurídica del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) en Berlín, señala que esta campaña de presión diplomática ha estado en marcha durante más de un año, buscando influir en las decisiones de otros países en relación con la CPI.