La posibilidad de que el nuevo Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, considere retirar al país de la Corte Penal Internacional (CPI) ha generado preocupación por sus posibles repercusiones en la protección de los derechos humanos en América Latina. Aunque la noticia aún no ha sido confirmada, se teme que tal decisión podría afectar la vigencia de estos derechos en el contexto regional.
Colombia firmó el Estatuto de Roma en 1998, que estableció la CPI para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. La CPI ha desempeñado un papel clave en el proceso de paz en Colombia, especialmente durante las negociaciones con las FARC-EP que iniciaron en 2012. La investigadora Isabel Güiza-Gómez destaca que hubo un debate sobre la influencia de la CPI en estos procesos y cómo sus principios pudieron afectar los acuerdos de paz.
Desde la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2016, que busca investigar a los responsables de crímenes graves, la CPI cerró una investigación preliminar necesaria para avanzar hacia una formal. Este tribunal se considera un "hito significativo" en el contexto de justicia transicional en Colombia, abarcando tanto a miembros de la Fuerza Pública como a civiles y funcionarios del Estado involucrados en violaciones a los derechos humanos.