El intento de desalojo programado para el 30 de marzo en un área cercana a Villa La Angostura ha generado tensiones significativas. La acción, que tenía como objetivo un terreno de 625 hectáreas, no se concretó debido a la ausencia de apoyo policial, según el abogado de la propietaria, María Cristina Broers.
Las comunidades mapuches, Melo y Quintriqueo, alegan que han estado asentadas en estas tierras desde antes de que la familia Broers las adquiriera en los años 70. La disputa se complicó cuando el juez civil Francisco Astoul Bonorino emitió una orden de desalojo, la cual fue confirmada por instancias superiores del sistema judicial.
El abogado de Broers, Guillermo Hensel, mostró su descontento por la falta de respaldo policial, lo que llevó a la cancelación del desalojo. Este caso ha atraído la atención de medios en Buenos Aires, subrayando su relevancia en el contexto político actual.