Durante el periodo de 2022 a 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén transfirió más de 1.200 millones de pesos a organizaciones sociales a través de un programa de capacitación laboral que no cumplió con sus objetivos. Este manejo ineficiente ha llevado a una causa judicial por administración fraudulenta del Estado.
Los desembolsos comenzaron bajo la gestión del ministro Abel Di Luca, quien autorizó pagos por 96 millones de pesos, aunque su mandato fue breve. Posteriormente, su sucesor, Germán Chapino, amplió el esquema, permitiendo transferencias que superaron los 1.112 millones de pesos.
Estos fondos se canalizaron principalmente a través de la cooperativa Viento Sur, relacionada con dirigentes de organizaciones que participaban en protestas. La situación ha generado conflictos para funcionarios que no pudieron justificar el uso del dinero, lo que ha reavivado la tensión entre el poder y las organizaciones sociales en la provincia.