El 19 y 20 de agosto, las comunidades mapuche Kinxikeo y Melo enfrentaron un operativo de desalojo en la provincia de Neuquén, ejecutado bajo una orden judicial del juez Francisco Bonorino. Voceros de estas comunidades denunciaron que una persona mayor necesitó asistencia médica urgente tras el operativo. La lof Kinxikeo fue desalojada el 19, mientras que la comunidad Melo continuaba resistiendo al día siguiente, con la presencia de niños, lo que dificultó el avance del procedimiento, según relataron desde el lugar.
Lucas Melo, lonko de la comunidad Melo, responsabilizó a la Justicia y al gobernador Rolando Figueroa por los hechos y exigió la convocatoria a una mesa de diálogo. Cuestionó la falta de progresos en cuestiones como el relevamiento territorial y la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa. Melo afirmó que el desalojo, que estaba programado para el 20 de agosto, se adelantó para evitar la llegada de más personas en apoyo a las comunidades.
A pesar de la situación, organizaciones sociales lograron llegar al territorio, sorteando controles policiales, para respaldar la resistencia. Según Orlando Carriqueo, vocero werken e integrante de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro, las tierras en cuestión fueron vendidas durante la última dictadura militar, mientras las comunidades ya estaban asentadas en ellas.