En la meseta neuquina, la Justicia ha comenzado acciones para frenar el negocio ilegal de tierras fiscales, especialmente en la toma Ruca Antú. La fiscal Rocío Rivero, de la Unidad de Delitos Económicos, solicitó el desalojo inmediato de una construcción levantada sin autorización sobre un lote que pertenece al IPVU. Esta edificación, que mide 7 metros de frente por 70 de largo, es solo un ejemplo de la problemática más amplia en la región, donde muchas construcciones irregulares han proliferado.
La orden de desalojo fue emitida el 8 de mayo y validada por un juez el 19 de mayo, lo que ha generado tensión en la comunidad. Este caso pone de manifiesto una situación que afecta a unas 6.000 familias que habitan en construcciones irregulares en barrios como El Trébol y San Antonio. Además, se ha descubierto una red organizada dedicada a la compraventa y alquiler clandestino de parcelas fiscales, utilizando documentación falsa y operando sin supervisión.
Una vez realizado el desalojo, el IPVU tomará posesión del terreno, que forma parte de una parcela rural de 68 hectáreas. Esta acción judicial busca abordar no solo la ocupación ilegal, sino también el problema de las conexiones clandestinas a servicios públicos, lo que ha generado preocupación en la comunidad por la precariedad habitacional y la falta de controles adecuados en la zona.
