Venezuela ha comunicado su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), un proceso que se considera "definitivo" e "irrevocable". Este anuncio se realizó el 24 de julio de 2026, cuando el canciller Félix Plasencia informó que se notificó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la decisión tomada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
La CPI abrió una investigación formal en 2021 sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, relacionados con las protestas antigubernamentales de 2017, que resultaron en alrededor de 200 muertes. Plasencia argumentó que la actuación de la Corte ha estado marcada por un sesgo geográfico que afecta desproporcionadamente a países africanos y latinoamericanos.
El artículo 127 del Estatuto de Roma establece que la denuncia surtirá efecto un año después de su notificación. Sin embargo, la CPI lamentó que Venezuela quiera alejarse de los esfuerzos colectivos para combatir la impunidad por crímenes internacionales. La decisión de retirarse se produce tras la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma por parte del Parlamento venezolano en diciembre de 2025, luego de que la CPI cerrara su oficina en Caracas por falta de progreso en su colaboración con el gobierno.