La Corte Penal Internacional (CPI) enfrenta un creciente desafío en su funcionabilidad, ya que varios países han cuestionado su legitimidad y han impuesto sanciones sobre sus funcionarios. Este tribunal, que tiene como misión juzgar crímenes internacionales graves, se encuentra en una encrucijada, especialmente en América Latina y el Caribe, donde 28 naciones son parte de esta institución.
Desde su creación en 2002, la CPI ha sido un actor clave en la búsqueda de justicia por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, interviniendo cuando los sistemas judiciales nacionales son incapaces de actuar. La jurista venezolana Soranib Nathali Hernández de Deffendini destaca que América Latina ha mostrado un fuerte compromiso con la justicia penal internacional, aunque recientes acciones de algunos países podrían representar un retroceso en el respeto a los derechos humanos.
Un ejemplo notable es la decisión reciente de Venezuela, que formalizó su salida de la CPI el 24 de julio, en medio de investigaciones por crímenes de lesa humanidad en su territorio. El abogado colombiano Juan Ospina considera que esta decisión debilita las garantías para las víctimas al dejar a los responsables sin posibilidad de ser juzgados, lo que podría generar una sensación de impunidad.
A pesar del contexto adverso, algunos expertos advierten que aún es prematuro afirmar que hay un cambio significativo en la postura regional hacia la CPI, sugiriendo que la situación podría evolucionar con el tiempo.