El crédito familiar en Argentina ha dejado de ser una herramienta para adquirir bienes y se ha convertido en una estrategia de supervivencia para millones de personas. La erosión del poder adquisitivo ha llevado a muchas familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas, lo que provoca una crisis que afecta la salud mental y la estabilidad de los hogares.
Actualmente, el 60% de los argentinos recurre a préstamos para comprar alimentos, pagar alquileres y cubrir tarifas de servicios públicos. La situación se agrava con el fenómeno del «recrédito», donde las deudas nuevas se utilizan para saldar compromisos anteriores, creando un ciclo vicioso de sobreendeudamiento.
Los indicadores financieros evidencian esta crisis: la morosidad en los hogares alcanzó el 17,5% en junio, mientras que la deuda promedio por persona aumentó un 60% en términos reales. Además, el 35% de la deuda impaga tiene un retraso superior a 365 días, y casi 4 de cada 10 jóvenes menores de 25 años enfrentan serios atrasos en sus pagos.
Ante la imposibilidad de acceder al sistema bancario formal, muchas familias recurren a financiamiento informal, donde prestamistas no regulados ofrecen tasas usurarias, lo que incrementa el riesgo de violencia intrafamiliar y tensiones sociales. Especialistas advierten que este fenómeno ha evolucionado a un problema estructural que requiere la intervención del Estado.