Las empresas proveedoras de Vaca Muerta enfrentan importantes desafíos financieros debido a las demoras administrativas que pueden extender los cobros de servicios hasta un año. Esto afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas que suministran a la industria petrolera, quienes deben lidiar con plazos de pago extendidos y exigencias documentales impuestas por las grandes operadoras.
Desde la firma neuquina Procarg, se advirtió que las observaciones en la documentación pueden retrasar la liberación de facturas entre seis meses y un año. La socia de la empresa, Natalia Amerio, señaló que los plazos de cobro en el sector hidrocarburífero suelen ser de 30 a 90 días, pero pueden aumentar ante inconsistencias documentales.
La firma, que se dedica al alquiler de vehículos y equipamiento pesado, necesita realizar constantes inversiones en mantenimiento y operación. Amerio destacó que cumplir con los requisitos documentales es clave para mantener relaciones comerciales con las compañías que operan en la Cuenca Neuquina.
Los proveedores deben presentar seguros, certificaciones y exámenes médicos de sus trabajadores, lo que complica aún más el proceso. Las demoras en la aprobación y pago de servicios prestados generan una carga financiera significativa, obligando a las pymes a sostener sus operaciones mediante recursos propios mientras esperan el cobro.
Particularmente en contrataciones con YPF, las retenciones pueden durar entre seis y doce meses, según las experiencias de las empresas proveedoras. Esta situación puede limitar la capacidad de inversión de las pymes, afectando su sostenibilidad en el largo plazo.