La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las responsabilidades de exautoridades del Servicio Penitenciario Federal y personal médico en el asesinato de Argentino Pelozo Iturri, ocurrido en 2008, un caso que se convirtió en un importante precedente judicial por torturas seguidas de muerte bajo custodia estatal. La resolución ratificó la condena contra exautoridades de la ex Unidad 9 de Neuquén y la jefatura regional del organismo penitenciario por su participación en el encubrimiento de este crimen.
Los jueces de la Sala III del máximo tribunal penal del país sostuvieron que los imputados contribuyeron a obstaculizar la investigación y a ocultar las circunstancias de la muerte del detenido, inicialmente presentada como natural. Pelozo Iturri falleció en el hospital Castro Rendón tras sufrir torturas desde su ingreso a la cárcel, con lesiones que continuaron durante su estancia en distintos sectores del penal.
La investigación reveló maniobras para encubrir lo sucedido y evitar el esclarecimiento de los hechos. El juicio se llevó a cabo una década después de su muerte, concluyendo en 2019 con condenas para varios miembros de la estructura jerárquica del penal.
Ocho agentes penitenciarios fueron condenados a prisión perpetua por su responsabilidad directa en las torturas. También recibieron condenas el entonces jefe de la Región Sur del Servicio Penitenciario Federal, el director y subdirector de la ex U9, así como el médico y el enfermero que estaban en funciones en el establecimiento. Las penas de estos últimos fueron revisadas, pero la Cámara de Casación las confirmó este año.