La Corte Penal Internacional (CPI) enfrenta una nueva presión por parte de Estados Unidos, que ha decidido iniciar una “campaña de gran envergadura” para desmantelar la influencia de esta institución en la soberanía estadounidense. Este anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien destacó que se buscará que los 125 Estados miembros de la Corte se retiren y se impondrán sanciones a organizaciones que colaboren con ella.
Rubio argumentó que la CPI representa una “amenaza intolerable” para la soberanía de Estados Unidos, al pretender procesar y encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses en defensa de los intereses nacionales. El Departamento de Estado también subrayó que los presidentes de EE.UU. han sostenido que la Corte carece de jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses.
Además, se instará a los países que se benefician de la seguridad proporcionada por EE.UU. a rechazar la jurisdicción de la Corte sobre sus ciudadanos. Esta medida sigue a sanciones previas impuestas durante la administración Trump contra el fiscal jefe de la CPI y otros miembros, en respuesta a investigaciones relacionadas con acciones de personal estadounidense en Afganistán y órdenes de detención contra funcionarios israelíes.
Por su parte, la Unión Europea ha condenado esta iniciativa de EE.UU., afirmando que apoyará todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones de la CPI, incluidas vías diplomáticas, jurídicas y financieras.