Un tribunal en Washington ha suspendido un proyecto significativo del presidente Donald Trump, que consistía en la construcción de un salón de baile de 8 mil metros cuadrados en la Casa Blanca, con capacidad para albergar a mil personas. Este proyecto ha sido calificado por muchos como innecesario y excesivamente costoso, siendo criticado incluso por figuras como Hillary Clinton, quien lo relacionó con un estilo ostentoso comparable al de dictadores.
Los jueces no se pronunciaron sobre el contenido del proyecto, sino que señalaron que el mandatario carece de la autorización necesaria para llevar a cabo obras de esta magnitud en un edificio federal, lo que requiere la aprobación del Parlamento. Este caso refleja una tendencia en la Justicia que busca mantener los límites constitucionales del Ejecutivo, sobre los cuales el legislativo ha mostrado desinterés.
La oposición judicial también se ha manifestado en otros casos, como la orden de retirar el nombre de Trump del Centro Kennedy y la reciente anulación de aranceles impuestos por el presidente, que deberían ser competencia del Congreso. Además, se ha evidenciado una rebeldía en los tribunales en relación con las políticas de inmigración del gobierno. Según un informe reciente, jueces federales han dictaminado en 16.000 ocasiones que las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas son ilegales, cuestionando especialmente la negativa de permitir a inmigrantes detenidos solicitar libertad bajo fianza.
En un memorando emitido en julio de 2025, el ICE revocó una política que permitía a los inmigrantes solicitar este derecho, lo que ha llevado a que personas que han vivido en EE.UU. durante años sean tratadas como recién llegadas, sin considerar su duración en el país.