La Corte Penal Internacional (CPI) condenó las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a su presidenta, Tomoko Akane, y al abogado principal de la acusación, Abdoulaye Seye, calificándolas de “ataque flagrante” a la independencia del tribunal. Las sanciones, anunciadas por el Departamento de Estado, congelan activos de los funcionarios en jurisdicciones estadounidenses y limitan su acceso al sistema financiero de Estados Unidos.
El gobierno anterior ya había sancionado a varios jueces de la CPI y acusó al tribunal de exceder su mandato al investigar a altos funcionarios de países que no son miembros, como Israel y Estados Unidos. En respuesta, la CPI reafirmó su compromiso de cumplir con su mandato de manera independiente e imparcial, advirtiendo que amenazar a los actores judiciales pone en riesgo el orden jurídico internacional.
El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó a la CPI, llamándola un “tribunal supranacional corrupto” y anunció una campaña para desmantelar la influencia del tribunal, presionando a los 125 Estados miembros para que se retiren. Esta decisión ha llevado a que Venezuela y Chad también planeen abandonar la CPI, sumando un total de cinco países que han decidido retirarse en el último año.
Las sanciones impuestas afectan la vida cotidiana de los funcionarios de la CPI, al prohibirles a ellos y a sus familias ingresar a Estados Unidos, así como bloquear sus actividades dentro del país.