El uso de tecnologías de vigilancia masiva en Argentina ha sido objeto de un nuevo informe de Amnistía Internacional, que denuncia la expansión de las capacidades del Gobierno nacional para recolectar información y seguir a las personas mediante reconocimiento facial y monitoreo digital. La organización destaca que este avance se realizó con escasos controles y transparencia.
Entre 2024 y 2025, el Ministerio de Seguridad Nacional habría destinado al menos 1,2 millones de dólares en la adquisición de diversas herramientas de vigilancia. Esto incluye la plataforma Maltego, que permite recolectar y cruzar información de redes sociales y la dark web, y la herramienta Clearview AI, cuestionada en otros países por la recolección de datos biométricos sin el respaldo legal adecuado.
El informe también menciona la compra de 69 drones DJI y 11 estaciones terrestres, equipados con inteligencia artificial y cámaras térmicas, capaces de seguir vehículos y personas sin su conocimiento. Esta combinación de recursos, según Amnistía, incrementa significativamente la capacidad estatal de monitoreo.
Además, se señala que entre 2023 y 2025, la Ciudad de Buenos Aires habría destinado 48 millones de dólares para su sistema de videovigilancia, que incluye 3.400 cámaras y una cobertura del 82% del territorio porteño. La organización advierte que estas medidas se toman bajo el pretexto de la investigación de delitos, pero carecen del debido debate público.