Una medida cautelar de la Justicia ha sido dictada contra el protocolo implementado por el municipio de San Isidro para el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina, subrayó la relevancia de esta resolución, que busca frenar un mecanismo irregular que dificultaba dicho acceso.
Galkin destacó que el protocolo en cuestión carecía de la publicidad necesaria y no contaba con un respaldo administrativo adecuado. Su naturaleza opaca hacía que las mujeres desconocieran las condiciones que debían cumplir para acceder a la prestación. “El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia”, agregó, enfatizando la necesidad de transparencia en estos procedimientos.
La resolución judicial ordena la suspensión del protocolo y garantiza el acceso al aborto dentro del marco legal vigente. Galkin mencionó prácticas denunciadas que no se ajustan a la normativa, como la exigencia de consultas psicológicas y múltiples ratificaciones de consentimiento por parte de las mujeres. También se cuestionó la gestión de datos personales y la entrega de información disuasoria a las solicitantes.