Vaca Muerta se presenta como el proyecto energético más ambicioso de Argentina, con enormes reservas de petróleo y gas no convencional. Su desarrollo podría convertir al país en una potencia energética. Sin embargo, persiste la preocupación por la distribución de beneficios, ya que se teme que continúe el modelo concentrador que ha generado desigualdades significativas, como el 45% de pobreza en el norte del país.
En 2023, la producción de energía en Neuquén creció más del 20%, y las exportaciones energéticas superaron los 4.000 millones de dólares. Se estima que, si se completa la infraestructura necesaria, el potencial exportador podría alcanzar los 20.000 millones anuales hacia 2030. A pesar de estas cifras alentadoras, el contraste con la pobreza en regiones como el Chaco es alarmante.
Las decisiones de política pública, como la reciente baja de tarifas eléctricas para las provincias del Norte, son vistas como medidas aisladas que no abordan las desigualdades estructurales. Estas acciones no generan empleo ni diversifican economías, lo que plantea interrogantes sobre si se está aprovechando adecuadamente la riqueza de Vaca Muerta para construir una Argentina más justa.
El debate se centra en cómo se distribuirán los recursos derivados de Vaca Muerta, y la falta de un esquema federal que redistribuya la riqueza genera inquietud entre los gobernadores del Norte, quienes no están planteando una discusión fundamental que podría transformar sus provincias.