11/07/2022
Neuquén recibe más dinero por
las acciones de El Chocón que por las regalías de todas las
represas
Es el cálculo del año pasado porque para la determinación de
ese ítem por resolución nacional se fija el precio en pesos
a discreción. La provincia hizo un reclamo y se aumentó de
720 a 930 el precio del Mwh sobre el que se descuenta el 12%
que se paga.
Por el precio que se paga a las hidroeléctricas por proveer
energía al sistema interconectado nacional, la provincia de
Neuquén recibe pocas regalías. Se llegó a la curiosidad de
que el año pasado, el tesoro neuquino recibiera más plata
por los dividendos que pagó la concesionaria, porque Neuquén
es dueña de casi el 30%, que por regalías.
Neuquén anunció que iba a recurrir a la justicia para
reclamar que el precio que se le paga sea el adecuado.
Según un informe que hizo el gobierno neuquino, para el
presupuesto 2021 se estimaron que ingresen en concepto de
rentas de la propiedad un total de $516,7 millones,
compuestos casi en su totalidad por ingresos por dividendos
de Hidroeléctrica El Chocón.
Este valor supera en monto a la estimación de recaudación
por ingresos de regalías hidroeléctricas por casi treinta
millones de pesos. Es decir, que por poseer el 30% de la
propiedad de las acciones de Hidroeléctrica El Chocón se
recauda más que por regalías en los seis complejos
generadores de hidroelectricidad, indicó el informe.
El dato es significativo para alimentar el debate en torno a
si las provincias deben tener participación una vez que se
venzan las concesiones en la administración de los complejos
que producen energía. La reforma de la Constitución Nacional
de 1994 les da la propiedad del recurso agua. Esto implica
que podrán tener facultades para indicar cuánto o cuándo se
puede turbinar agua para producir energía.
En el caso de las represas sobre el Limay, al ser un río
limítrofes entre provincias, o que atraviesen a mas de una
de ellas, el porcentaje del doce por ciento (12%) se
distribuye equitativa y racionalmente entre ellas.
El informe de la Provincia explicó que el cálculo de la
regalía hidroeléctrica se efectúa sobre el importe que
resulte de valorizar la energía producida por la fuente
hidroeléctrica al precio que corresponda al concesionario de
la misma en el mercado SPOT, el precio horario sin tener
encuentra los contratos de abastecimiento.
Pero, en los últimos años, con el precio de la energía
eléctrica regulado por el Estado, “han ido cambiando las
condiciones del efectivo cobro de las regalías
hidroeléctricas”. En los últimos años el valor de la energía
para el cobro de la regalía estuvo fijo, generando un punto
de conflicto entre la Provincia y la Nación.
La energía de las presas del Limay se utiliza para los picos
diarios de demanda, ya que se activan las turbinas en menos
de 30 minutos para la generación.
Para la venta, se paga un precio pero para el cálculo para
el cobro de las regalías se realiza por el valor mayorista
fijado en pesos por la Secretaria de Energía de la Nación.
El Ministerio de Hacienda de Nación dictó la Resolución
38/2019 estableciendo un precio spot a $720/Mwh a partir del
1ero de noviembre.
La controversia se origina por la diferencia del precio que
fijo la Secretaría de Energía de la Nación a $720 Mwh
(agosto de 2021) y el valor por el cual las empresas, como
la provincial EPEN, compran la energía en el mercado SPOT (a
$2660 Mwh).
En agosto del 2021, la provincia del Neuquén realizó un
reclamo formal a la Secretaría de Energía de la Nación
aduciendo el pago atrasado de 1.164 millones de pesos por
parte de Nación (más intereses) para reponer la diferencia.
En respuesta, la Secretaria de Energía actualizó el monto de
pago de regalías a $930 Mwh (septiembre de 2021), pero la
provincia sigue reclamando por lo que que hubiera recibido
antes de esa resolución.
De todas formas, las regalías hidroeléctricas representan un
porcentaje menor de los ingresos provinciales, siendo en
2020 un 0,31% del total de ingresos recaudados.
Esta disputa se alimenta con otra de índole política porque
el reconfirmado secretario de Energía, Darío Martínez, formó
una comisión para analizar el estado de las represas pero
sin la integración de las provincias y por eso fue blanco de
críticas.
La impronta de Hidronor
que impactó igual que la YPF estatal
Hidronor, Hidroeléctrica Norpatagonia SA fue una empresa
pública bajo la forma de sociedad anónima con mayoría
estatal. Fue creada en 1967, durante la dictadura de Juan
Carlos Onganía, y cerrada en 1992 junto con otras empresas
del Estado durante la primera presidencia de Carlos Menem.
En 1967 se le dio a Hidronor la concesión para construir y
explotar el complejo El Chocón – Cerros Colorados sobre los
ríos Limay y Neuquén.
Se construyeron las primeras dos de las cuatro líneas de
transmisión de energía al Gran Buenos Aires y el Litoral.
Las represas se realizaron trazando objetivos de
aprovechamiento multipropósito: contener las crecidas de los
ríos, riego y abastecimiento a las poblaciones, sustento
energético para atender la demanda de las zonas de mayor
consumo.
En el informe del gobierno neuquino sobre las represas se
destacó que el modelo de gestión societaria respondía al
paradigma de época “desarrollista” implementado por Arturo
Frondizi, según el cual la gestión y administración privada
era sinónimo de eficiencia y eficacia, además de dotar de
versatilidad la gestión y el giro comercial.
“Hidronor SA fue una empresa emblema tal como YPF, hasta su
desaparición en la década de 1990”, se concluyó.
Pero, Hidronor como así también otros organismos nacionales
operaban y desarrollaban sus
actividades en las cuencas del Limay y Neuquén “sin la
necesaria y obligatoria coordinación y aprobación de los
estados provinciales”.
Obvio que, se indicó, ese escenario provocaba
enfrentamientos, litigios, superposiciones de actividades y
situaciones conflictivas por la puja de espacios de acción.
La región de la cuenca se dividió en “fundos” tácitos, donde
las empresas y organismos nacionales desarrollaban sus
actividades de estudios, investigación, proyectos y obras,
pujando por lograr la
concesión y/o aprobación de sus planes del Estado nacional
únicamente.
La disputa de fondo por
las represas es el recurso agua
Las hidroeléctricas se concesionaron por un periodo de 30
anos a partir del ano 1993 que finaliza el año que viene. El
informe del Poder Ejecutivo neuquino indicó que a partir de
la finalización de las concesiones se abre una serie de
interrogantes sobre el futuro de la “gestión del recurso
agua”.
Una muestra de esta suerte de disputa por el agua se dio el
viernes 24 de junio, cuando la Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) solicitó a la
Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) que
aumentaran la erogación de la central hidroeléctrica El
Chocón a 600 metros cúbicos por segundo, es decir un 300%
más que el actual nivel. La AIC, junto con el resto del
comité ejecutivo, lo rechazó de forma unánime por la
emergencia hídrica que aún atraviesa la región.
Las centrales El Chocón y Arroyito están administradas por
la empresa italiana Enel; las presas Portezuelo Grande, Loma
de la Lata, Planicie Banderita y El Chañar las administra
Orazul Energy; la planta hidroeléctrica Alicurá está en
manos de la americana AES y el complejo Piedra del Águila lo
administra la Sociedad Energía Sadesa Central Puerto, en
tanto que y Pichi Picun Leufú es administrada por Pampa
Energía.
Todas fueron otorgadas en concesión en el año 1993 y vencen
en 2023 con la excepción de la presa de Pichi Picun Leufu,
que finaliza en el año 2029 ya que la puesta en servicio y
comienzo de la operación se realizo en el ano 1999.
Salvo la central hidroeléctrica de Planicie Banderita,
emplazada sobre la cuenca del río Neuquén, el resto de las
presas son compartidas con la provincia de Río Negro. Esto
significa que la recaudación por el concepto de regalías es
repartida entre las dos provincias en forma equitativa.
Todavía Nación no ha dado ninguna indicación respecto a cuál
va a ser la política a seguir. Al informe de las provincias
que formaron una comisión, la legislatura neuquina votó para
crear otra.
Las provincias a través del artículo 124 de la Constitución
Nacional de 1994, son propietarias del recurso si bien las
represas son de la Nación que las hizo y las pagó, aunque
están amortizadas, indicó el representante por Neuquén en la
AIC, Elías Sapag.
Hay otra comisión, el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos
Hidroeléctricos Concesionados que la hizo la secretaría de
Energía de la Nación donde convocó a la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Cammesa, la
AIC, el Orsep, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) y a Enarsa, para evaluar qué pasó en los últimos 29
años que terminará el informe en agosto del año 2023.
La pregunta del millón:
cuánto facturan las represas
El informe de la provincia indicó que la facturación de las
empresas dueñas de las concesiones hidroeléctricas asentadas
en los ríos de la cuenca es difícil de establecer dado que
pertenecen a grupos empresarios transnacionales que
presentan estados contables consolidados entre las empresas
de cada grupo.
De todas formas si se toma en cuenta el valor spot al que
compra la energía la empresa Provincial EPEN a $2660 Mwh y
sobre este monto se calcula el aporte correspondiente a las
regalías en 2021 hubiera sido de $ 1.653.704.031, y se se
calculan en base al precio SPOT, el monto recibido hubiera
sido de $ 920.106.002.
En ese punto, la provincia explicó que el modelo de regalías
no resulto en aportes significativos a las cuentas
provinciales como tampoco permitió un desarrollo local
adecuado para contrarrestar los impactos ambientales y
sociales que tal actividad produjo en el territorio.
“Más bien, fue la participación accionaria de la provincia
dentro una hidroeléctrica (como El Chocón S.A.) la
experiencia que mejor rédito le trajo a la provincia, tanto
para sus cuentas provinciales como para el desarrollo
local”, indica el documento.
Neuquén tiene acciones además en Piedra del Águila, Pichi
Picún Leufú; las que se vendieron fueron las de Cerros
Coloradas, en la gestión de Felipe Sapag, y las de Alicurá,
que las vendió Jorge Sobisch. Las acciones se dividieron en
clase A, de los concesionarios, clase B de las provincias y
clase C de los trabajadores. Las acciones se hicieron
mientras dure la concesión, no implican propiedad física de
las presas, se aclaró.
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