La suspensión de prestaciones ambulatorias en 32 clínicas y sanatorios de la Patagonia ha encendido alarmas en la provincia de Neuquén. Esta medida, que entra en vigencia a partir de este lunes, responde a un severo atraso en los aranceles que abona PAMI. Aunque se garantiza la atención en emergencias, la parálisis de servicios médicos podría colapsar tanto el sistema privado como el público.
La situación es crítica, ya que miles de jubilados neuquinos se verán obligados a recurrir a hospitales públicos, lo que podría saturar las guardias y aumentar las listas de espera en un sistema estatal ya sobrecargado. Además, los residentes en localidades del interior enfrentan un grave problema, ya que deben trasladarse a la capital o a centros más complejos, incurriendo en costos logísticos elevados y postergando estudios esenciales para su salud.
Por otro lado, la falta de insumos críticos y prótesis en los centros de salud se hace cada vez más evidente, ya que los valores que reconoce PAMI no logran cubrir los costos reales del mercado. Esto afecta directamente la atención médica y la provisión de materiales necesarios.
El conflicto también pone en riesgo alrededor de 10.000 puestos de trabajo en la región, siendo el sector de la salud privada un pilar fundamental en el empleo local. Andrés Sabalete, vocero de las instituciones prestadoras, calificó la situación como "límite", señalando que la actividad se ha vuelto insostenible tras dos años de deterioro constante, con una depreciación del 75% en relación a la inflación.