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Política

16/05/2020

Soria se pliega a la agenda de Cristina y apunta contra la Corte y el Procurador
El nuevo ministro empuja leyes para diluir a los supremos y forzar la salida del Casal. La presión a Schiaretti.

Martín Soria juraría recién el viernes 26 como ministro de Justicia, tres días después de aceptarse su renuncia como diputado, pero en sus primeras apariciones públicas dejó claro que tiene la mira puesta en los mismos lugares que Cristina Kirchner y su tropa legislativa: la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal, que hace casi cuatro años tiene a cargo en forma interina Eduardo Casal.

Si algo enfrentó a la vicepresidenta con la ya ex ministra Marcela Losardo fue su decisión de no chocar de frente con las puntas de la pirámide judicial. Hasta soportó desafíos directos, como cuando hace un mes Losardo firmó un acuerdo de cooperación con el camarista Javier Leal de Ibarra, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco).

Poco le importó que el 30 de diciembre la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, presidida por el diputado Leopoldo Moreau, había presentado un informe que responsabiliza a la oficina de escuchas que funcionó en esa dependencia desde 2016 de fabricar pruebas para empujar causas judiciales contra la vicepresidenta.

El presidente era Martín Irurzun, el camarista que patentó la doctrina para detener ex funcionarios por su "poder residual". En su primera declaración, Soria le achacó a la Corte haberlo protegido y anticipó que pedirá explicaciones.
Con Casal no tiene muchas intenciones de hablar, sino de empujar la reforma del Ministerio Público que aprobó en noviembre el Senado y Diputados nunca trató porque, como anticipó LPO, faltan 7 votos y Losardo no estuvo muy interesada en buscarlos.

Ni siquiera se movió por la reforma de la justicia federal que envió ella misma para multiplicar los juzgados en todo el país y habilitar subrogancias anuales en oficinas vacantes. Fue aprobada en el Senado en septiembre y también cajoneada en la Cámara baja, sin una sola manifestación pública de Losardo
En noviembre, los referentes del bloque oficialista le propusieron evaluar retoques propuestos por los bloques aliados, pero no aceptó. Tanto fue su silencio que hasta se rebelaron los socios de siempre que tiene el oficialismo, como los tres diputados por Misiones y el rionegrino Luis Di Giácomo. Este último entró en rebeldía junto al senador Alberto Weretilneck, por su enfrentamiento local con Soria.

Y los cuatro diputados por Córdoba, claves para llegar a la mayoría, se mantuvieron firmes en no tratar ninguna ley judicial mientras dure la pandemia, porque entienden que no sería prioridad. Necesitado de fondos para cubrir su eterno déficit previsional, el gobernador Juan Schiaretti compensó con ayudas para otras urgencias del Gobierno como la moratoria, la quita de la coparticipación a la ciudad y el cambio de la fórmula de actualización jubilatoria, sancionado en diciembre.

Uno de los ejes de Soria será cambiar el orden de prioridades de estas negociaciones. "Algunos proyectos se están por destrabar. El presidente está dispuesto a hacer las correcciones que hagan falta", anunció el ministro designado.

Un legislador oficialista que batalló por estas leyes cree que si no salieron, es porque el presidente no puso el pie en el acelerador. "Lo que Alberto nunca entendió es que no hay sentido en festejar una reforma previsional si la Corte te la anula con una firma. O un fiscal te la objeta con el argumento que elija y no lo podes recusar. No hay Gobierno posible si no cambia eso",

A ese objetivo se suma el de desmenuzar las causas contra la vicepresidenta para hallar irregularidades y que se caigan solas. El nuevo ministro de Justicia no lo ocultó: "Quiere que la misma justicia la libere de culpa y cargo", explicó las pretensiones de la vice.
En el kirchnerismo consideran que, si la agenda judicial del Gobierno toma volumen, los votos en el Congreso para echar al procurador aparecerán tarde o temprano porque ningún aliado provincial se arriesgará a que el oficialismo consiga mayoría propia en diciembre, cuando se renueven la mitad de la cámara, ya no los necesite y deje de oír sus reclamos locales hasta 2023.

Pero, en el kirchnerismo entienden que hace falta visualizar que el costo de especular con estos temas puede ser alto. Además de jubilar a Casal (está en edad de abandonar el cargo y así se lo hizo saber Anses) la reforma deja a su reemplazante sin su poder de fuego, tanto que Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández a ocupar el cargo, anticipó que podría retirar su postulación si esas son las reglas de juego.
Es que de sancionarse esa ley los jefes del Ministerio Público dejarán de surgir de un acuerdo con la oposición porque alcanzará para nombrarlo con la mayoría simple del oficialismo en el Senado. Y no podrán manejar a gusto los procesos contra los fiscales como hace Casal, que nunca inició un jury contra Carlos Stornelli, otro enemigo de la vicepresidenta, pese a que llegó a ser procesado por espionaje ilegal y faltó nueve veces a declarar.

Este jueves, la bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público, que preside el senador kirchnerista Martín Doñate y con esta reforma definiría el próximo procurador interino, se reunirá entre otras cosas para tratar nuevas denuncias a fiscales presentadas por el diputado Rodolfo Tailhade, también cercano a la vicepresidenta.

Pidió investigar al fiscal Abel Córdoba, uno de los que intervino en la causa contra Lázaro Báez, por haber cerrado la investigación por la privatización irregular del espacio radioeléctrico en 1998. También solicitará citar a Stornelli por supuestos vínculos con la venta de objetos nazis. Ya le pidieron sin éxito describir cómo utilizó la ley de arrepentido en la causa de los cuadernos, en la que le tomó testimonio a los empresarios que estuvieron tras las rejas.

Pero todo queda en el olvido si en el Ministerio Público Casal frenan los pedidos de enjuiciamiento. Una nueva ley se lo impediría a quien sea que lo reemplace y Soria, a diferencia de Losardo, está dispuesto a mover las piezas que sea para lograrla.

Para acorralar a los jueces Cristina tiene el camino más que allanado con sus últimos acuerdos en el Consejo de la Magistratura, donde sumó al representante de los magistrados Ricardo Recondo. También contó con ayudas ocasionales de Graciela Camaño o hasta de la senadora radical Silvia Giacoppo, cercana al gobernador de Jujuy Gerardo Morales. Tan dócil está esa negociación que la semana pasada el Senado aprobó el pliego del ex abogado de la vicepresidenta Roberto Boico como camarista federal. Había llegado desde la Magistratura sin objeciones.

Pero con los jueces de la Corte Suprema la relación de Cristina no puede ser peor y como no son interinos, desplazarlos no es posible sin los votos de Cambiemos en el Congreso. Soria, en su primera entrevista televisiva, anticipó que les pedirá una audiencia para saber qué opinan de algunos temas, como la escasa participación de mujeres en la justicia y la visita del camarista Gustavo Hornos al despacho de Mauricio Macri, cuando era presidente.

El plan legislativo es diluir a los jueces en una Corte más grande y presionarlos para que den un paso al costado y eviten duras acusaciones por las presuntas irregularidades en la oficina de escuchas.

Al informe específico, la bicameral sumará uno sobre su balance de gestión, que presentará a fin de mes. El más apuntado es Ricardo Lorenzetti, porque era el presidente de la Corte y por lo tanto administraba el polémico sistema para intervenir comunicaciones. No descartan denuncias penales.

Moreau ya anticipó su idea de presentar un proyecto para ampliar la composición de la Corte y así restarle poder a sus actuales integrantes. La iniciativa, aún en ciernes, incorporaría la paridad de género para que ingresen mujeres, sobre todo si, como esperan, acepta jubilarse Elena Highton de Nolasco.

La perspectiva de género fue incluida por Soria como uno de los "déficit" de la justicia y en el kirchnerismo ya lo esperan con una idea: la senadora Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para recusar a magistrados que no la respetan. Creen que la lista es larguísima y tendría varios apellidos conocidos. No será fácil defenderlos.

Fernández Sagasti, además, tiene a cargo la bicameral de implementación del Código Procesal Penal, que define con la mayoría oficialista que artículos aplicar y cuando.

En noviembre, habilitó por mayoría algunos para permitir la apelación de condenas firmes en tribunales internacionales y difundir las audiencias públicas. Pronto revisarán otros más. Soria se los pide.