28|08|2024
Como prueba para
embargar YPF denuncian que Santiago Caputo puso de
vice a su socio
Es uno de los principales argumentos que utiliza el
fondo Burford para demostrar que la petrolera es un
alter ego del gobierno. LPO anticipó el riesgo.
Argentina tiene que pagar USD 16.000 millones porque
perdió el juicio por la estatización de YPF. La
justicia norteamericana estableció un calendario
para reunir información sobre activos y bienes que
tiene el país para poder cumplir con la sentencia.
El proceso conocido como discovery concluye el 14 de
diciembre.
El Fondo Burford bajo sospecha de ser socio de la
familia Eskenazi exige el 51% del paquete accionario
que tiene el Estado en la petrolera de bandera y
quedarse con el Banco Nación. El argumento es que no
se trata de empresas autónomas ni independientes
sino que responden directamente al gobierno de
turno.
Entre la documentación presentada ante la jueza
Loretta Preska, Burford incluye información
periodística sobre el control de Santiago Caputo
sobre YPF donde colocó a su socio Guillermo Garat
como vicepresidente a cargo de la publicidad, que en
sus primeros seis meses de gestión la estallaron
hasta los 33 mil millones de pesos, tal como reveló
LPO.
El uso de la petrolera como instrumento para cursar
pauta paraestatal abona el argumento legal del
"alter ego" de los acreedores que sostienen que
otras empresas como Aerolíneas Argentinas o el Banco
Nación, son en realidad prolongaciones del Estado
argentino, por lo tanto podrían ser sujetos de
embargo a favor del litigante.
Para demostrarlo Burford pide más. En el marco del
discovery solicitaron a la Corte norteamericana el
acceso a los mails y whatsapp de 26 funcionarios,
entre los que figuran el ministro de Economía, Luis
Caputo, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y
el exministro de Hacienda y excandidato
presidencial, Sergio Massa.
Según la presentación hecha por los litigantes, "la
República se ha negado a recopilar y producir
documentos relevantes que no están contenidos en
cuentas de correo electrónico mantenidas por el
gobierno, incluyendo comunicaciones transmitidas a
través de cuentas de correo electrónico personales o
aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Slack o
Gmail".
Como respuesta, la defensa argentina apeló que al
fallo conocido como Attestor de la Cámara de
Apelaciones de Nueva York que dijo que solo son
embargables los bienes de un Estado extranjero si se
dan dos condiciones: el bien está en EEUU y el
deudor usa en EEUU el bien para una actividad
comercial, y rechaza expresamente la tesis de que
alcanza con cumplir la primera condición.
Por su parte YPF le pidió a la jueza Preska que le
permita intervenir en el proceso mediante al solo
efecto de descalificar la insinuación de los
demandantes de que la empresa es un alter ego del
Estado nacional.
En rigor, Argentina tiene plazo hasta el 14 de
diciembre para pagarle a Burford, o en caso
contrario Burford decidir como cobrarse. De no
llegar a un acuerdo entre las partes, decide Preska.
La jueza convocó a una audiencia para el próximo 3
de septiembre para determinar el alcance del
discovery. Dato no menor es que Preska ya eximió de
responsabilidad a YPF en su fallo sobre el fondo de
la demanda.
Del lado de los litigantes, el fondo Burford es lo
que se conoce como buitre de segunda generación. La
historia oficial cuenta que adquirió los derechos de
juicio al grupo Petersen Energía que para entrar a
YPF no puso ni un dólar. El ingreso de los Eskenazi
a la petrolera empresa estuvo financiado por el
Banco de Santa Cruz que en ese entonces presidia
Carlos "El Chino" Zannini. No pudieron pagar el
crédito porque fueron a la quiebra con sus empresas
en España.
El fondo inglés pagó para quedarse con el juicio USD
17 millones con el deber de participar un 30% de la
indemnización. Las malas lenguas afirman que ese es
el porcentaje que se llevan los Eskenazi.
Fuente LPO
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