02/02/2019
Este año debuta la ley de
debate presidencial: será obligatorio y podría haber hasta
tres
La Ley 27.337, sancionada en 2016, se aplicará por primera
vez sobre los candidatos que superen las PASO. Habrá una
réplica en el interior y otra en caso de balotaje. Además,
la regulación deja la puerta abierta a un debate entre
postulantes a vice. Los detalles, la opinión de
especialistas y el caso porteño.
Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Felipe
Solá, Miguel Pichetto, quizá Cristina Kirchner. Son varios
los nombres anotados en la todavía verde grilla de
candidatos a la Presidencia. Pero a pesar de las diferencias
que mantienen unos y otros, hay algo que los iguala: todos
deberán someterse este año, por primera vez en la historia
argentina, a un debate público y obligatorio regulado por
ley.
Este 2019 se aplicará por primera vez la Ley 27.337,
sancionada por la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de
2016, que regirá para los candidatos a presidente que hayan
superado el piso que imponen las Primarias Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO), es decir, el 1,5% de los
votos.
En los hechos, ya se realizaron dos debates presidenciales.
El 4 de octubre de 2015, tras los murallones de la Facultad
de Derecho de la UBA, se batieron a duelo Macri, Massa,
Margarita Stolbizer, Nicolás Del Caño y Adolfo Rodríguez Saá.
Daniel Scioli, en una imagen que quedó grabada para siempre,
dejó su silla vacía.
En la segunda oportunidad, Macri y Scioli se enfrentaron
cara a cara. Fue el 15 de noviembre, en el mismo escenario y
en la previa de la segunda vuelta. El debate tuvo picos de
rating y hasta el día de hoy salen a la luz pública las
promesas que el actual presidente formuló entonces ante el
electorado.
Lo cierto es que ambas experiencias estuvieron a cargo de un
grupo de organizaciones sociales, nucleadas en la agrupación
Argentina Debate. De ahí lo novedoso del evento que se
viene: por primera vez las reglas del juego -o bien la
mayoría de ellas- están fijadas por una ley, que incluye una
sanción por no asistir.
El debate, ¿sirve o no sirve?
Alejandro Tullio, extitular de la Dirección Nacional
Electoral y fuente de consulta permanente en estos temas,
hizo una valoración positiva, ya que “el debate presidencial
obligatorio exigirá a los estrategas de campaña redefinir
toda la campaña alrededor del debate, porque esta vez no
será una opción debatir o no”.
Además, el exfuncionario explicó a parlamentario.com que “si
bien la propaganda electoral siempre es muy prolífica, otra
cosa es ver a los candidatos formulando las propuestas de su
boca y por obligación legal”.
De todos modos, aclaró que “no necesariamente las
habilidades para debatir se correlacionan con la capacidad
de gestión”. “A veces se crea una falsa imagen de que
alguien que es un hábil declarante puede representar después
los intereses del electorado”, advirtió.
Más escéptico se muestra Pablo Secchi, director ejecutivo de
Poder Ciudadano. “Hay gente a la que el debate le parece
algo muy relevante. Creo que es algo que puede sumar, pero
no me parece determinante para la ciudadanía. Puede haber
candidatos que sean muy buenos en el debate, pero eso no lo
hace buenos gobernantes, y viceversa”.
Secchi insistió en que “lo importante es que lo que se diga
sea verdad, y lo que vemos es que muchas plataformas que se
proponen no se terminan cumpliendo. Por eso, si después no
hay una demanda de la ciudadanía, no tiene mucho sentido”.
Por su parte Carolina Tchintian, directora del programa de
Instituciones Políticas de CIPPEC, consideró que “nadie
puede estar en contra de un mecanismo que contribuye a
ejercer un voto más informado”. “El debate presidencial de
alguna manera viene a cumplir ese rol. Que un candidato
decida no participar ahora que es una instancia obligatoria
también es información para el votante”, observó ante la
consulta de este medio.
La especialista del CIPPEC sostuvo que “en democracias como
la nuestra, donde la identificación partidaria no es lo
único que define el voto, donde los sellos partidarios no
proveen de tanta información, impulsar el debate y la
discusión pública sobre propuestas de políticas concretas en
temas clave para los argentinos puede ayudar no solo a
definir el voto sino también establecer una línea de base
sobre la cual evaluar gestiones y eventualmente premiar o
castigar presidentes”.
¿El debate es determinante para el voto? Según Tullio, “en
general los debates tienden a confirmar posiciones ya
tomadas”, es decir, no son una instancia decisiva para el
sufragio.
Para Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política y
Asuntos Legislativos de la Ciudad, “la evidencia científica
sobre el impacto que tiene en el voto no es concluyente”.
“No se puede decir a priori. Puede impactar o no. No es lo
mismo un debate donde la elección está peleada por un punto,
que una elección donde hay una diferencia mayor”, analizó.
Charosky señaló que “lo importante no radica en el impacto
en el voto, sino en la oportunidad igualitaria para todos
los candidatos de presentar sus propuestas y de que el
electorado los conozca en tiempo real”. Y al igual que
Tullio, el funcionario porteño opinó que “las campañas van a
tener en cuenta al debate como una instancia clave”.
Qué dice la ley
La ley que entrará en vigencia este año establece que el
debate presidencial será obligatorio y que tendrá “la
finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las
plataformas electorales de los partidos, frentes o
agrupaciones políticas”.
Cinco días después de su proclamación, los candidatos que
hayan superado las PASO serán convocados por la Cámara
Nacional Electoral (CNE) para iniciar el proceso. Quienes se
nieguen a participar del debate serán castigados con el no
otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual. “La
sanción es bastante importante. Va a asegurar que vayan
todos”, destacó Secchi.
Los espacios publicitarios no asignados se repartirán “de
manera equitativa” entre los candidatos que sí participen
del debate. Pero no solo eso: la silla del postulante que se
oponga a participar se dejará vacía, como sucedió con Scioli,
“a fin de denotar su ausencia”, indica el artículo 4.
Además del debate en la Capital Federal, deberá realizarse
uno idéntico en la capital de una provincia del interior del
país, a determinar por la CNE. Los debates tendrán lugar
entre los 20 y 7 días anteriores a la fecha de la elección,
el 27 de octubre. Pero podría haber un tercer debate si
-como las encuestan indican- hay un balotaje.
Previo al debate se realizará una audiencia de la que
participarán la CNE, organizaciones del ámbito académico y
de la sociedad civil, y los candidatos o representantes
partidarios. Allí deberá acordarse un reglamento, quiénes
serán los moderadores y qué temas se tratarán. Si no hay
acuerdo, la CNE tendrá la última palabra.
El evento será transmitido en directo por todos los medios
pertenecientes a Radio y Televisión Argentina S.E., y
durante el mismo se suspenderá la publicidad electoral en
los servicios de comunicación audiovisual, asó como los
anuncios públicos de los actos de Gobierno.
Otro artículo atractivo de la ley es el 8, que deja abierta
la puerta a un posible debate entre candidatos a
vicepresidente, “en caso de que exista voluntad” de los
postulantes. Si es así, las reglas serán “similares” a las
del rubro presidencial.
En la Ciudad también
A fines de octubre pasado, la Legislatura porteña aprobó un
nuevo Código Electoral que contempla también la instancia
del debate entre candidatos a jefe de Gobierno que superen
las PASO, así como entre postulantes a legisladores y
comuneros.
Tradicionalmente, los debates para la Jefatura de Gobierno
se realizaron bajo organización y transmisión del programa
“A Dos Voces”, por el canal Todo Noticias. Ahora la
responsabilidad recaerá en el Instituto de Gestión Electoral
(IGE), aunque el debate público y el privado podrán
coexistir. Ergo, podría haber más de uno.
Charosky, mentor del proyecto que fue convertido en ley tras
dos años de discusión, explicó que “el nuevo Código
Electoral fue producto de la aplicación de una metodología
participativa”, donde además de los legisladores
intervinieron especialistas y miembros de la sociedad civil.
La iniciativa original consistía en que el debate fuera
obligatorio para el Estado -en materia de organización y
provisión de recursos-, pero “que no fuera coercitivo para
los candidatos, sino que fuera la autoridad electoral la
encargada de generar los consensos para debatir, sin que
fuera una imposición externa”, precisó Charosky.
Sin embargo, durante el tratamiento en la Legislatura se
incorporó una multa para los candidatos que no se presenten
al debate, equivalente a 10.000 unidades fijas de los
aportes que realiza el Estado porteño a las campañas. Esta
sanción empezará a regir recién en el turno electoral de
2021.
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