17|08|2024

¿Milei ve la crisis de las provincias?

Por Martín San Pedro
La recesión golpeó ingresos brutos, el principal impuesto de las provincias, mientras Nación no paga sus obligaciones previsionales. Una salsa picante se cocina en el interior. ¿La ven?

La idea de las periferias y los centros es filosóficamente profunda, muy debatida en la academia, pero en la Argentina, el testimonio es vivido con honda significancia. Desde la compulsa que definió nuestro sistema republicano encabezado por Urquiza hasta los peones rurales que llegaron como extranjeros a la parís latinoamericana un diecisiete de octubre, o el Cordobazo, la reforma universitaria, en dos mil uno los piqueteros del conurbano, todas expresiones que sorprenden desde la periferia un status quo de poder central.

La cruzada de ajuste que llevo adelante el gobierno nacional desde el mes de diciembre golpeo fuertemente los sistemas de recaudación provinciales. Para entender este golpe es importante considerar que en términos de financiamiento por recaudación propia, las provincias, tienen como principal elemento el impuesto a los ingresos brutos, este, representa aproximadamente un tercio de la recaudación general del esquema provincial. En consecuencia si la economía se apaga, la recaudación también.

Paradójicamente, las estructuras estatales de las provincias en este contexto, se ven en una doble encrucijada, primero, la de sostener los compromisos fijos con una caída de ingresos en muchos casos superior al quince por ciento de su recaudación, como si ese obstáculo fuera poco, además, resultan obligadas a contener una inaudita demanda sobre sus estructuras, demanda que llega de sectores medios que pierden su obra social o no la pueden seguir pagando y recurren a la salud pública, como así también, el sistema educativo cuya demanda trepa a niveles históricos.

En medio de ese torbellino que las circunstancias obligan a soportar con estoicismo, el gobierno nacional tomo una serie de decisiones particularmente dirigidas al interior en términos de recorte que algunas provincias decidieron cubrir.

El incentivo docente, por ejemplo. En febrero el gobierno nacional decidió eliminar el Fondo de Incentivo Docente (FONID) que supo costar años de lucha y reclamo, carpas blancas y clases públicas. Esa decisión, la de eliminar una parte del salario de los maestros del país, en el caso de Córdoba fue absorbida por el ya disminuido sistema recaudatorio. Es decir, se recauda mucho menos, se tiene que soportar mayor demanda y además suplir solidariamente con los maestros un derecho que la nación les quito.

En ese mismo periodo el gobierno nacional decidió eliminar por completo el subsidio al transporte público en todo el interior del país, salvo en buenos aires y AMBA. Esa decisión, arbitraria. Represento un incremento brutal del valor del servicio en todas las ciudades de la Argentina. Capital de Córdoba por ejemplo debe cubrir cerca de ocho mil millones mensuales para evitar un pasaje seis veces más caro que el porteño. La liga de intendentes que en algún momento comenzó Llaryora y hoy protagoniza Daniel Passerini creció en el reclamo.

A ese contexto debemos en Córdoba sumar que la Nación desde diciembre ha dejado de cumplir su compromiso con la caja de jubilaciones, con lo cual la provincia se hace cargo del pago previsional que le correspondería y le significa casi dieciocho mil millones de pesos mensuales.

Esta situación de ahogo financiero que lleva adelante en política económica el gobierno nacional, reunió esta semana a tres gobernadores del llamado interior productivo.

La realidad desproporcionada que atraviesan las provincias productivas llevaron a una reunión de gobernadores del centro Martin Llaryora, el gobernador de Santa Fe Pullaro y Rogelio Frigerio gobernador de Entre Rios exclamaron por el fin del "porteñocentrismo".

La idea de que las crisis se pagan por tiempo y proximidad esta en el ambiente y el termómetro marca fiebre. Mientras tanto el gobierno hace caso omiso a los reclamos que se oyen desde allá. Cuando la periferia es el centro.







Fuente LPO