La provincia del Neuquén ha concluido recientemente la segunda etapa de los exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos, una iniciativa del gobernador Rolando Figueroa que busca fortalecer la ética y la transparencia en la administración pública. Esta fase incluyó a dos ministros, demostrando que la normativa se aplica a todos los niveles de gobierno sin distinción.
Estos controles se realizarán de manera trimestral y se extenderán a todos los funcionarios comprendidos por la Ley 3531. El objetivo es mantener un monitoreo constante que asegure que quienes ocupan cargos de conducción no consuman sustancias prohibidas. Los exámenes no son un requisito para ingresar a la administración pública, sino una herramienta de supervisión para los que ya ejercen funciones.
En caso de obtener un resultado positivo, el funcionario cesará en su cargo político y regresará a su categoría de planta permanente para recibir el tratamiento adecuado. La normativa garantiza la confidencialidad mediante la Historia Clínica Digital Única, con acceso restringido al personal médico autorizado y al agente involucrado.
La implementación de este sistema se basa en un decreto publicado en el Boletín Oficial que fue elaborado con la colaboración de la Subsecretaría de Recursos Humanos, el Ministerio de Salud, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado. La reglamentación también establece un procedimiento para mantener la cadena de custodia de las muestras y permite que los funcionarios soliciten una contraprueba en un laboratorio independiente dentro de las 24 horas.