Un giro judicial significativo tuvo lugar en San Martín de los Andes, donde un hombre previamente absuelto por abuso sexual fue declarado culpable por unanimidad. Este cambio se produjo tras un nuevo juicio ordenado por el Tribunal de Impugnación, que reestructuró la composición del tribunal. El debate se llevó a cabo durante tres días en los tribunales locales, bajo la supervisión de las juezas Bibiana Ojeda y Leticia Lorenzo, junto al juez Eduardo Egea.
Los hechos en cuestión sucedieron en la madrugada del 7 de noviembre de 2024, en un complejo de cabañas, donde se encontraba tanto la víctima como el imputado. El tribunal halló al acusado culpable de abuso sexual agravado, ya que el delito fue cometido contra una persona menor de 18 años, aprovechando una situación de convivencia preexistente. La jueza Leticia Lorenzo subrayó la existencia de pruebas contundentes, afirmando que no había dudas sobre la presencia de ambos en la habitación y la existencia de contacto sexual.
Un aspecto crucial del juicio fue la evaluación del consentimiento. Tras examinar las pruebas, el tribunal determinó que la adolescente se paralizó durante el hecho, lo que le impidió consentir de manera válida. «Una persona paralizada es una persona que no puede consentir», enfatizó la jueza al justificar el veredicto unánime. Además, el tribunal destacó la coherencia del testimonio de la joven, que se mantuvo firme desde el inicio de la investigación, así como la falta de interés personal en hacer la denuncia, lo que resaltó la credibilidad de su relato.