Exigen un salario inicial de $1.800.000. Rechazaron el incremento oficial en cuotas y preparan protestas.
RIO NEGRO (NA) — Con el reciente antecedente de la violenta protesta policial que paralizó a la provincia de Santa Fe, el gobierno de Río Negro se encamina hacia un nuevo frente de tormenta. Sectores de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario rechazaron de plano los últimos anuncios de recomposición salarial y amenazan con medidas de fuerza por tiempo indeterminado.
Representantes del personal uniformado entregaron un petitorio formal en General Roca y anunciaron un acampe para este miércoles frente a la Casa de Gobierno en Viedma.
La convocatoria, impulsada por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro (CBPPRN), busca visibilizar el hartazgo de los agentes ante la precarización de sus haberes y lo que consideran un “estancamiento del diálogo” con la administración del gobernador Alberto Weretilneck.
¿Qué exigen los uniformados?
El reclamo central del pliego elevado por el Consejo es alcanzar un haber inicial mínimo de $1.800.000, una cifra que consideran indispensable para garantizar la seguridad alimentaria de las familias policiales.
Rubén Muñoz, referente del sector, advirtió sobre la grave crisis socioeconómica que atraviesan las fuerzas: “Muchos agentes están bajo riesgo de ser desalojados por atrasos en el pago de alquileres y algunas familias no logran asegurar la alimentación básica”.
Además, los uniformados están tejiendo alianzas estratégicas. El Consejo confirmó que estableció contactos con ASSPUR (la Asociación Sindical de Salud Pública provincial) para coordinar acciones conjuntas y ampliar el frente de protesta estatal. Muñoz anticipó que el acampe en la capital será “indefinido” hasta que se eliminen los ítems “en negro” que desfinancian a la obra social y perjudican a los retirados.
La oferta del Gobierno que encendió la mecha
El rechazo policial se produjo luego de que el Ministerio de Seguridad de Río Negro anunciara el esquema de aumentos diseñado para febrero.
La propuesta oficial estableció una mejora total del 6,79%, compuesta por:
- Un 5,2% de ajuste automático por inflación (IPC).
- Un 1,5% adicional específico para el sector de seguridad.
Este esquema elevó el haber inicial de un agente de seguridad a $1.417.366 (quedando casi $400.000 por debajo de lo pretendido por el Consejo).
El punto de mayor fricción radica en la modalidad de pago del incremento adicional y de los bonos compensatorios:
El 6% extra se pagará en cuotas: El Gobierno informó que el adicional exclusivo para la Policía se abonará en cuatro cuotas del 1,5% con los sueldos de febrero, marzo, abril y mayo.
Suma fija dividida: Se otorgó un bono no remunerativo de $250.000, pero también segmentado en dos pagos de $125.000 (el 20 de febrero y el 20 de marzo).
Lo único que se abonó de manera íntegra con los haberes de febrero fue el aumento del 100% en el ítem de ayuda escolar ($80.000 por hijo y $160.000 por hijo con discapacidad).
Lejos de descomprimir la tensión, el pago escalonado en cuotas fue el detonante que empujó a la fuerza de seguridad a endurecer su postura y marchar hacia la gobernación.