28|02|2024
Desguace y fuga de cerebros
La ciencia bajo
ataque en el gobierno de Javier Milei
El directorio del Conicet frenó por razones
presupuestarias la publicación de resultados de la
convocatoria a becas y promociones. Graves y
múltiples efectos.
En julio y agosto pasado se realizó la convocatoria
anual de becas doctorales del Conicet. Miles de
jóvenes profesionales, recibidos y a punto de
recibirse, se postularon para trabajar en ciencia y
en tecnología en el país durante los siguientes
cinco años, bajo un sistema de estipendios sin
aportes previsionales y con una remuneración
bastante por debajo de lo que podrían ganar en el
exterior o en el sector privado. Dicha postulación
no es una mera inscripción en un listado, sino que
implica el trabajo de gente formada generando los
planes de trabajo y asumiendo su dirección.
A mediados de enero, como de costumbre, debían
anunciarse los resultados. Estos anunciarían que
sólo los 1.300 de mayor puntaje (considerando
meritocráticamente su promedio académico,
antecedentes en investigación, excelencia del plan
de trabajo, etc.) repartidos en todas las áreas de
investigación (que corresponden aproximadamente en
un 75% a las llamadas ciencias “duras” y a
tecnología, y un 25% entre todas las disciplinas de
ciencias sociales), accederían a la beca para
empezar a trabajar en su doctorado a partir del 1 de
abril.
Sin embargo, este martes el directorio de la
institución anunció que debido a la falta de
presupuesto y a no contarse con la garantía de
partidas discrecionales que garanticen los
estipendios, por el momento no se publicarán las
listas de resultados de la convocatoria, ni tampoco
la de las becas de finalización de doctorado (para
becarias y becarios que hicieron sus primeros tres
años financiados por otra institución). Esto implica
que gente que estuvo seis meses a la espera, sin
tomar otras ofertas laborales, a veces quizás
preparando todo para una mudanza (ya que los lugares
de trabajo están distribuidos a lo largo de toda
nuestra geografía), queda en un limbo de total
incertidumbre.
Este martes se anunció también que se rescindían
contratos de personal administrativo que tenían un
año más de vigencia. Más allá de la noticia brutal
de dejar gente en la calle de un día para el otro en
este contexto inflacionario, esto implica que esas
tareas burocráticas del día a día y que permiten que
funcione un instituto científico-tecnológico (tales
como impulsar procesos de compra, efectuar
rendiciones de financiamientos, entre otras)
recaerán en la gente cuya dedicación exclusiva debe
estar puesta en la investigación. De esta manera y
de modo contrario al sueño húmedo de los recortes,
sólo aumenta la ineficiencia y baja el nivel de
producción científica.
No es solamente el Conicet el único actor
institucional en el ecosistema científico argentino.
Los demás organismos como la Agencia I+D+i,
principal financiadora de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación, tiene
convocatorias abiertas a proyectos que definen las
capacidades de cada grupo de investigación aplicante
para los próximos años, pero no tiene designadas
autoridades, ni existen certezas acerca de si serán
siquiera evaluados los proyectos que están esperando
recibir.
Por su parte, el ahora ex Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, ha sido reubicado como
subsecretaría en un organigrama que no queda lo
suficientemente claro. Podría decirse que ha tomado
características del mundo cuántico: como regido por
el Principio de Incertidumbre, se sabe que existe,
pero no se sabe bien adónde y, si se ubica
físicamente a algún estamento, no se puede saber en
qué dirección se va a mover. Como aquel famoso Gato
de Schrödinger cuya paradoja retrata las
probabilidades cuánticas, el ex MINCYT existe y no
existe a la vez, mientras no se abra la caja que lo
contiene; solo que en este triste panorama, cuando
se intenta mirar adentro se encuentra al gato
muerto.
En el medio de todo esto, los trabajadores y las
trabajadoras de la ciencia argentina tenemos que
poner la cara también ante actores internacionales
junto a los cuales trabajamos durante largas horas a
distancia en la formulación de proyectos de
cooperación para intentar explicar que hay tal o
cual convocatoria binacional abierta, sí, pero que
no tenemos idea de si la casilla de mail a la que
hay que adjuntar los largos y complejos documentos
va a tener alguien del otro lado que la abra, sin
que ello implique garantía de que se les dé curso o
no.
Mientras tanto, convocatorias ya evaluadas que
implican actividades científico-tecnológicas con
laboratorios de investigación y desarrollo
extranjeras (que permiten propulsar a un nivel más
alto y de mayor calidad nuestras investigaciones así
como a las trayectorias de la gente a la que
formamos), tuvieron anuncio de resultados en el
último día hábil del gobierno anterior, pero con una
letra chica: la aprobación no implica la ejecución,
la cual queda a discreción del nuevo gobierno. Un
mes después ya, las dudas de uno y otro lado del
océano —con todo listo como para comenzar a
trabajar— caen en un agujero negro que todo lo
fagocita y que no emite respuestas.
El sistema científico argentino comienza a sufrir de
modo rápido y concreto una política de desguace. La
situación afecta ya a profesionales con sus becas
otorgadas en años anteriores en curso, como también
a quienes conducimos la investigación
científico-tecnológica a lo largo y a lo ancho del
país: con el presupuesto del año pasado, sin aumento
alguno, a mitad de año dejarían de poder pagarse
salarios y estipendios. En el medio, numerosos
compromisos como por ejemplo interacciones
público-privadas, servicios técnicos a la industria,
diagnósticos de políticas públicas clave, y otros,
quedan pendiendo de un hilo.
Por otro lado, la otra consecuencia más dañina: la
fuga de cerebros. La pérdida de una mirada nacional
y soberana de nuestro propio desarrollo científico,
viendo cómo lo mejor de nuestras camadas
profesionales más recientes, en cuya formación el
país invirtió sin parar durante años y años, buscará
en el extranjero instituciones que aseguren su
desarrollo, las cuales por su parte no tendrán que
pagarle absolutamente nada a nuestro Estado por
nutrir sus planteles con la crema de nuestra
ciencia.
Fuente Jorge Montanari
|