15|01|2024
Javier Milei,
Toto Caputo y "la plata de los jubilados"
Por-Marcelo
Falak
La ley ómnibus pasaría el Fondo de Garantía de la
ANSES al Tesoro. El dinero se evapora. Pesificación,
licuación, interés del Círculo Rojo y...
¿dolarización?
Un día, dentro de no mucho tiempo, un funcionario
del Ministerio de Economía se encontrará con una
planilla en la que constará –¡vaya sorpresa!– que el
Estado es acreedor y deudor de sí mismo. Así, en
virtud del principio de "confusión patrimonial",
tachará activos y pasivos, eliminando tanto cargas
del Tesoro como patrimonio de diversas dependencias,
entre ellas la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES). Como por arte de magia –un
mero asiento contable–, según surge del proyecto de
ley ómnibus impulsado por Javier Mileiy Toto Caputo,
buena parte de "la plata de los jubilados",
defendida tantas veces con ardor por muchas personas
que esta vez cerrarán los ojos, se evaporaría.
La escena descripta se concentra en los artículos
221 a 227 de dicho texto.
El primero ordena la consolidación en el Estado
Nacional de las tenencias de títulos de deuda
pública de titularidad de las entidades del Sector
Público Nacional y del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS).
El 223 señala que "los títulos de deuda pública que
sean consolidados de acuerdo con lo establecido en
la presente ley serán transferidos a una cuenta de
titularidad del Tesoro Nacional, en donde se
cancelarán por confusión patrimonial".
De modo crucial, el 224 impone un plazo máximo de 90
días desde la publicación de la eventual ley para
que todos los organismos involucrados reclamen, a
modo de compensación, un crédito presupuestario,
cuya pertinencia será determinada por el jefe de
Gabinete, Nicolás Posse. Los bonos Global –en
dólares– serán cambiados por títulos en pesos con
vencimiento en 2036, mientras que los Bonar –en
moneda nacional– serán negociados en el mercado, se
informó. En pocas palabras, pesificación y
licuación.
Ante una consulta de Letra P, el Ministerio de
Economía confirmó que el objetivo de la iniciativa
es "la eliminación de deuda por confusión
patrimonial".
El FGS contiene una serie de activos financieros,
básicamente acciones de empresas y títulos de deuda
pública. La administración de Milei estima que el
tamaño de esa cartera es de 5.500 millones de
dólares a cotizaciones de mercado, aunque,
considerando valores nominales, para la anterior
conducción de la ANSES equivalía en noviembre último
a 76.000 millones.
Las acciones privadas dan cuenta del 17% del valor
del FGS y se concentran en compañías de primera
línea como Grupo Clarín, Cablevisión, Telecom,
Ternium, IRSA, Aluar, Cresud, Molinos Río de la
Plata, Consultatio, YPF, Pampa, Metrogas, Edesur,
Central Costanera, Central Puerto, Camuzzi Gas, y
los bancos Galicia, BBVA, Hipotecario, Patagonia,
Supervielle y Macro, Molinos, entre muchas otras.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que
defendió esta semana en el plenario de comisiones de
la Cámara de Diputados la intención oficial de
modificar la ley de Administración Financiera y de
consolidar la deuda pública, indicó que dichas
acciones podrán ser recompradas por las propias
compañías, lo que retiraría al Estado de los
directorios en los que está presente.
Dado el listado de ganadores de la era
paleolibertaria, la mencionada operación podría
considerarse un episodio más del proceso de
acaparamiento de riqueza en curso.
"La propuesta es que se liquide el FGS bajo
consolidación patrimonial", dijo. "No es un fondo
anticíclico y no garantiza nada", aseveró.
De acuerdo con los números del secretario de
Finanzas, la deuda del Tesoro en manos del sector
público vale 37.185 millones de dólares, 92% de la
cual está en poder del FGS y el resto en el de otras
65 dependencias del Estado.
¿Se tratará de recursos a liquidar para apurar una
dolarización de la economía?
Un poco de
historia
El FGS es hijo de las inversiones realizadas por las
viejas AFJP y de la reestatización del sistema
previsional. Primero, en 2007, a través del decreto
897, firmado por Néstor Kirchner, que permitió a los
trabajadores optar por el esquema de capitalización
vigente o regresar al solidario –o de reparto–.
Luego, por la ley 26.425 de 2008, en el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner, por la
reestatización y unificación de todo ese universo en
el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Finalmente, a través de la ley 27.574 de 2020, ya
con Alberto Fernández, amplió su misión original de
servir como herramienta anticíclica para asegurar el
pago de los haberes en momentos de crisis a una de
promoción de la actividad productiva y del empleo en
blanco, bases de un acuerdo intergeneracional en el
que los aportes de quienes trabajan sostiene las
jubilaciones de quienes ya no lo hacen.
El quid de la
cuestión
Más allá de quienes defienden a rajatabla el statu
quo, otros economistas –de diversas tendencias–
consultados por LP señalaron que la persistente
colocación de deuda intra-Estado durante varios
gobiernos hizo que el sistema previsional se base a
esta altura en una ficción, dada por papeles que
crecen nominalmente en valor, pero que al final
debería pagar un sector público casi quebrado. En
esa visión, la eliminación de esos compromisos en
virtud del principio de "confusión patrimonial"
emerge como razonable.
De hecho, Alberto Fernández y Sergio Massa
plantearon en marzo del año pasado a través de un
decreto de necesidad y urgencia (DNU) que todos los
organismos públicos le entregaran al Ministerio de
Economía sus tenencias en bonos, que quedarían
sujetos a subasta. El mecanismo no difiere demasiado
del de Milei y Caputo, pero sí la finalidad: el
entonces jefe del Palacio de Hacienda quería ampliar
su margen para manejar, a través de la transacción
de esos títulos, la cotización de los tipos de
cambio negociados en bolsa y así mantener a raya la
brecha con el oficial.
En tanto, abogados especializados en derecho
administrativo también consultados por este medio
expresaron reparos.
Explicaron que el Tesoro no debería apropiarse de un
fondo de asignación específica, como el FGS. Si bien
la reforma salvaría las formas al realizarse por
ley, se trata de recursos del sistema previsional
que no tienen como fin cancelar deuda del Estado. En
otras palabras, como esa plata pertenece a otro
sistema y tiene afectación específica, no existiría
la confusión patrimonial alegada y esta sería creada
por un acto de gobierno: la ley ómnibus. La
controversia está instalada.
Ahora bien, ¿qué significa en este caso "afectación
específica"? El FGS nunca fue usado para pagar
jubilaciones por falta de fondos de la ANSES, pero
sí para otorgar diversos créditos productivos o con
fines de consumo o turístico que sirvieron a la idea
de estimular la actividad y el trabajo registrado
para hacer sustentable el pacto intergeneracional
que sostiene el sistema. La "asignación específica",
entonces, se trataría de una función, no de una
finalidad puntual de gastos, algo que nunca
entendieron quienes se escandalizaron porque el FGS
financiara, por ejemplo, una inversión de la
sucursal argentina de General Motors en plena crisis
global.
Más allá de las polémicas políticas y hasta legales,
todo es posible en Argentina, donde la vida misma se
refunda más o menos cada 15 años. Lo fue privatizar
los recursos del sistema jubilatorio en beneficio de
los bancos –dueños de las AFJP– y en perjuicio del
Estado, que debió seguir pagando los haberes,
mientras, más deficitario, les pedía a esas mismas
entidades –a interés– dinero que hasta hace poco
había sido suyo. También lo fue la reestatización
del sistema, que generó una caja estatal única en
base a cuentas de capitalización individuales. ¿Por
qué no habría de ser posible esta reforma también?
Lo curioso es que la misma supone que, "confusión
patrimonial" mediante, recursos que alguna vez
fueron puestos por una persona que aportaba al
sistema simplemente desaparezcan. La
contraprestación que defina Posse en cada caso
pasaría en su momento al centro del debate.
Mientras las jubilaciones perdieron, de un tajo, en
el último mes un 25,5% de su poder de compra –tal la
inflación de diciembre, que no se compensa–, el
dinero, parece, puede evaporarse.
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