08/07/2020

Preska le puso precio al pago residual del "juicio del siglo"
Los abogados del país le habían reclamado a la jueza de NY que llamara a los holdouts remanentes para avanzar en el cierre de la causa. Son los fondos buitre Attestones (u$s67,9 M) y Trinity (u$s156,3 M).

La jueza Loretta Preska le indicó a la Argentina que deberá pagar unos u$s224,2 millones a los fondos buitre Attestones (u$s 67,9 millones) y Trinity Investments (u$s156,3 millones); cumpliendo un pedido que le habían efectuado a la magistrada los abogados que representan al país del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H). Los letrados le habían reclamado desde septiembre de 2019 que llamara a todos los holdouts residuales a que se presentaran en el juzgado para cerrar definitivamente la causa contra el país que derivó en el “juicio del siglo”. Argentina le pedirá a Preska que inicie ahora llamados a otros acreedores que aún quedan fuera de los cobros ya pactados, como el Bacebridge.

La idea del Gobierno de Alberto Fernández es la de cerrar todas estas causas, liberar el tribunal de Preska de los residuales del “juicio del siglo”, y cambiar la imagen de “deudor recalcitrante” y “mal litigador” en la corte que manejó alguna vez Thomas Griesa. La estrategia es idea de CGS&H, que consideró necesario cambiar la manera en que se vea a la Argentina en ese tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, siendo el país el que llame a pagar sus pasivos. Lo que Preska hizo entonces ayer fue poner un precio a la voluntad de pago de la Argentina. Se calcula que en total deberá pagar entre u$s400 y u$s450 millones antes que termine el año. Estos u$s224 millones que tendrá que liquidar cuando y de la manera que la jueza lo ordene son los primeros de estos pagos.

La intención de terminar el histórico litigio liquidando la deuda residual con los bonistas que no aceptaron la negociación original de 2016 fue decisión del Gobierno de Mauricio Macri, proceso aún abierto por acreedores que no habían aceptado la propuesta de pago elaborada por Alfonso Prat Gay en abril de 2016. Y que eligieron litigar en el tribunal del Segundo Distrito Sur de Manhattan aún con Thomas Griesa en sus últimos años de gestión. La causa fue heredada por Preska, que en abril de 2018 le dio definitivamente la razón al país y cerró la causa dejando en firme el acuerdo que el Gobierno de Mauricio Macri había firmado con los acreedores litigantes y Griesa en el marco de la negociación del entonces Special Master, Daniel Pollack.

El juicio por el primer reclamo contra la Argentina fuera de los bonistas que habían cerrado el acuerdo de abril de 2016 fue iniciado por el fondo Bainbridge, representado por el abogado Anthony Constantini, de la firma Duane Morris que tiene sede en Bahamas. Reclamaba disgustado por unos u$s65 millones, y pedía una tasa de interés extra a la que se había negociado entre Prat Gay y Pollack, de un 3% total. A este fondo se le sumaron otros reclamos, incluyendo el de Trinity y de Attestor; además de otros nombres como HWB Victoria Strategies Portfolio, Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y el U.V.A. Vaduz. Todos estos circularán por el tribunal de Preska para cobrar lo que la jueza les ordene. En total, los reclamos residuales llegaban a unos u$s800 millones en bonos, en manos de unos 30 inversores particulares y un puñado de 10 fondos buitres.

Representaban menos del 1% de los holdouts, que aún a abril de 2016 habían quedado fuera del llamado a terminar con el juicio. Luego, en mayo de 2016, Griesa dejó en claro que el acuerdo cerrado entre Prat Gay, Pollack y los acreedores liderados por Paul Singer era el válido y definitivo, con lo que uno a no fue rechazando los reclamos en su juzgado. La misma política continuó ejecutando Preska. Sin embargo, la deuda continuó flotante y sin cerrar. Finalmente, en septiembre del año pasado, el Gobierno de Macri llamó a regularizar la situación, política que continuó la gestión de Alberto Fernández.