Rusia intensificó su ofensiva judicial al emitir una orden de búsqueda internacional contra Pavel Durov, fundador de Telegram, a quien se le acusa de «complicidad en terrorismo». El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Moscú sostiene que la aplicación actúa como una herramienta para los servicios de inteligencia de Ucrania.
La investigación se centra en el presunto entrenamiento y reclutamiento de ciudadanos rusos para llevar a cabo actos de sabotaje. Hasta ahora, el Kremlin no ha especificado los detalles técnicos de la orden ni si espera colaboración internacional en este requerimiento judicial. Los abogados de Durov han optado por no hacer declaraciones.
El FSB fundamenta su acusación en la negativa de Telegram a eliminar un bot de citas denominado «Leo Match», que ya estaba prohibido en Rusia. Según las autoridades, agentes ucranianos utilizaban este canal para extorsionar a hombres rusos, haciéndose pasar por mujeres jóvenes y obligándolos a participar en actividades terroristas.
Desde julio de 2025, 46 ciudadanos rusos, de entre 12 y 22 años, han sido detenidos, acusados de perpetrar ataques contra fuerzas de seguridad y cometer actos de sabotaje. Esta situación refleja una contradicción en el uso de Telegram, que, a pesar de ser popular entre la población, también se emplea en la comunicación del Kremlin.